¿El problema es el Islam en sí mismo? La Dra Wafa Sultan habla de sus experiencias dentro de la religión islámica. Conmovedor http://ow.ly/4qpvG
¿El problema es el Islam en sí mismo?
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Si no es contra mí…(me quedo quieto)
Por Carlos Vera
Hoy, se dan otro tipo de coacciones a la libertad de expresión cuyos síntomas están evidentes. Solo hay que saber leer bien: en esta ocasión, pretenden condicionar o impedir hasta el derecho de una empresa privada de comunicación a ser vendida libremente a un legítimo comprador, a cuenta de que la ley vigente –cuestión incluida también en la futura- y que no sería de temer si rigiera cualquier democracia, estipula que el Estado debe aprobar la transferencia –o mejor dicho, el uso de la concesión de una frecuencia radioeléctrica- de un dueño a otro.
Pero este gobierno aplica ese principio al caso Teleamazonas en función de la censura a sus periodistas: acepta a un eventual nuevo comprador, si se van 3 periodistas por lo menos: Carlos Jijón, Bernardo Abad y Jorge Ortiz. Eso les han hecho saber los censores de Carondelet a un grupo español interesado en el futuro de ese canal. Una señal inequívoca de aquello, son las nuevas vacaciones de Jorge Ortiz –otra vez, en apenas dos meses- una decisión que no se la pidió a nadie ni consultó a nadie, pero obedece a lo que considera una obligación con el propietario y sus compañeros: no obstaculizar la venta de la estación a la que obliga, y así debía ser, la Constitución, cuando está vinculada a un grupo financiero.
Comprendo y admiro su actitud, pero no la comparto. No pueden quedar en el silencio las atribuciones extralimitadas de un gobierno ante la forzosa transferencia de un medio. A un gobierno democrático y decente, le correspondería exigir que el nuevo propietario tuviera capitales limpios, preparación técnica, programación de calidad, innovación tecnológica, respeto al personal que recibe, sujeción a parámetros éticos, en fin… condiciones que mantengan o mejoren los estándares de calidad y cobertura del canal.
Pero no: exigen que se callen o se vayan 3 periodistas. ¿Eso es libertad de expresión?
¿Existe allí libertad de expresión?
Por supuesto, confío en la sagacidad y en la experiencia del grupo empresarial para entender que su valor más importante no es cuánto pueda recuperar o generar con la venta del canal, sino cuánto va a perder si se deja irrespetar o manipular, pues cuando se abre una fisura es cuestión de tiempo nomás hacerle un boquete.
Pero ante este hecho público y notorio, evidente, la respuesta es el silencio: ¿es el silencio la reacción apropiada ante el atropello? ¿Por qué hay silencio en un país donde se supone rige la libertad de expresión?
Porque hay dictadura
Porque los instrumentos del poder se utilizan para calumniar, espiar, perseguir y atacar a los inocentes y a los disidentes, pero no a los delincuentes y a los dementes.
En un país donde cada cual dice “sálvese quien pueda”, no hay salvación.
Es un país en donde los periodistas y los medios piensan como no es contra mí, me quedo quieto, ¡pronto les tocará a todos!
Fuente: Vencer el miedo
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“Avión privado” – Propiedad pública
El Universo del dia de hoy reseña que el presidente Correa “puso a la órdenes su avión privado” para el traslado del asambleísta cuya esposa fue asesinada por sicarios en Machala.
El avión dispuesto para uso del presidente no es propiedad privada de él, ni debería poder disponer del mismo para actividades personales, peor de índole privada. Es un avión propiedad del Estado, destinado para uso en temas oficiales, jamás com taxi personales ni de Correa ni de sus amigos o coidearios.
El concepto de que lo Estatal es propiedad de la burocracia es un tema muy arraigado en el socialismo y en la izquierda en general. Por un lado arranchan dinero de los contribuyentes y de los fondos de pensiones y salud del IESS porque no les alcanza con lo que tienen, y por el otro despilfarran.
BlackBerry® de Porta
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Ecuador: Justicia ordena al Banco Pichincha pagar al presidente Rafael Correa US$600.000
¿Se puede confiar en la independencia e imparcialidad de la Función Judicial en Ecuador? ¿Porqué Correa esperó hasta ser Presidente para presentar demanda, si el “daño moral” se produjo entre los años 2001 a 2005? Al presentar un recurso de Casación, la corte duplicó el monto adjudicado por “daño moral” a Rafael Correa.
Quito. La Sala de lo Civil, Mercantil y Familia la Corte Nacional de Justicia de Ecuador determinó que el Banco Pichincha deberá pagar al presidente Rafael Correa US$600.000.
El fallo resuelve una demanda entablada por Correa contra la institución financiera por mantener su nombre en la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos durante 10 años.
El jefe de Estado denunció que el Banco Pichincha pretendía cobrar una deuda de 1,6 millones de sucres (US$67) más intereses por supuestos consumos en una tarjeta de crédito de la ex Previsora.
La Previsora incluyó el nombre de Correa en la Central de Riesgos desde 1999, informó El Comercio.
Dos años después, el Banco Pichincha adquirió la cartera de Filancard, del ex Filanbanco, que en 2000 había absorbido a La Previsora, que tenía contabilizada la deuda de Correa, que había sido dolarizada.
Así, la institución tuvo el nombre del actual presidente en la Central de Riesgos desde el 31 de agosto de 2001 al 30 de noviembre de 2005, a pesar que el mandatario había la deuda.
La sentencia favorable a Correa se entregó después que ambas partes presentaran recurso de casación, en septiembre de 2009, cuando la Segunda Sala Civil de la Corte de Pichincha ordenó al banco indemnizar con US$ 300.000 al jefe de Estado.
El Banco Pichincha rechazó la decisión final. “Por ningún motivo se puede alterar una sentencia anterior cuando las partes han consultado exclusivamente la legalidad de dicha sentencia”, dijo.
En un comunicado, el presidente Adjunto del Banco Pichincha, Antonio Acosta, indicó que la institución está solicitando la aclaración a los magistrados y “preparamos el recurso de protección pertinente, para conocimiento y resolución de la Honorable Corte Constitucional”.
El Banco Pichincha argumentó que la Sala de lo Civil de la Corte Nacional de Justicia incrementó “de forma irregular e inconstitucional la indemnización a favor de Correa a US$ 600.000”.
El presidente Correa pedía una indemnización de US$1 millón por daño moral.
Fuente: América Economía
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