Por Hernán Pérez Loose
El gobierno “revolucionario” ya va para tres años. De haber existido un régimen constitucional, y no una dictadura, por estos días el Ecuador se estaría aprestando a hacer lo que se hace en toda democracia: cambiar de manera ordenada y civilizada a sus gobernantes. La cadena de eventos que desataron el golpe de Estado del 2006: la clausura del Congreso, la remoción a patadas del Tribunal Constitucional, la compra de los diputados de los manteles con el vuelto de la campaña, la politización petrolera de los militares, el pacto con Chávez, los millones gastados en publicidad mentirosa, y la aprobación de una Constitución de 444 artículos que casi nadie leyó, han alejado esa renovación gubernamental por un incierto tiempo.
Pocas veces se ha podido comprobar cómo es posible que en tan poco tiempo, pocos individuos hayan sido capaces de hacerle tanto daño a tantos. Algo más de la mitad del país ya está consciente de que estamos liderados por una banda de ineptos y de “listos”, que agazapados bajo el verbo encantador del demagogo de turno han llevado al país al abismo, los unos, y –como lo admite cándidamente el Contralor– a sus bolsillos, los otros.
Los demás compatriotas, que cada vez son menos, siguen aferrados, no al gobierno real, sino al gobierno de sus ilusiones; les avergüenza aceptar que nuevamente se volvieron a equivocar y prefieren ocultar su derrota. Ya tendrán tiempo de llorar de rabia estos mandantes, tal como dice el Mandatario que, por otras razones, lo hizo en Lovaina.
Por eso es el apuro de la dictadura de tener la Ley Mordaza. No es una coincidencia que a medida que el descalabro económico se hace más evidente –la crisis eléctrica y el rampante desempleo son apenas el comienzo– y a medida que se sigue destapando la olla de escándalos, el Ejecutivo apresura el paso en la Asamblea para que se le dé el garrote que le permita ocultar sus desaciertos.
En manifiesto desacato de los convenios internacionales, la mayoría oficialista insiste en imponer la obligación de que únicamente la información que haya sido “previamente verificada” tenga reconocimiento constitucional e insiste en crear un régimen punitivo para sancionar ulteriormente a quienes así no lo hagan. Como lo ha reiterado el Tribunal de San José –y en general la jurisprudencia extranjera en este punto– las condiciones que se le imponga a la información (como “verídica”, por ejemplo) constituye una forma de imponer una censura previa.
El garrote contra los medios y periodistas es vital para el Gobierno, pues, le permitirá seleccionar libremente cuándo y contra quién usarlo. Tal como lo han hecho otros dictadores, el actual también cree que al cerrar las puertas del debate democrático su sobrevivencia política está asegurada. La historia ha demostrado que el camino de la asfixia institucional produce el resultado opuesto, y que las tensiones políticas terminan encauzándose por otros senderos.
Lejos de significar el final de un conflicto, la Ley Mordaza marcará el comienzo de otro probablemente más agudo.
Fuente: El Universo
