Por: Pablo Lucio Paredes
En la propuesta de Ley de Universidades hay un sinnúmero de “perlas” cuyo objetivo es único: universidades privadas bajo absoluto control estatal. Así, se va cerrando el círculo de control sobre la educación, el sistema financiero, la comunicación y los “sectores estratégicos”. Hay dos propuestas que destacan por su elevado contenido de distorsión conceptual. Una: la “democratización” en el interior de las universidades, donde las autoridades, desde decanos hasta rectores, sean elegidos por voto universal de los miembros de la comunidad. Dos: que los profesores titulares (casi todos) se escojan a base de un concurso público y el “jurado calificador” esté compuesto en el 50% por miembros de otras universidades. ¡Imagínese esto aplicado a su actividad empresarial!
Claro, la justificación es que la Universidad no puede ser una actividad empresarial sino un bien público. Primer absurdo: ¿desde cuándo una actividad empresarial no puede cumplir con un objetivo público, es decir colectivo? Por ejemplo, los agricultores que nos alimentan ¿no cumplen una función colectiva (incluso más importante que la educación) que es alimentar a la colectividad? Y si lo hacen es justamente porque son empresarios libres (en el comunismo de Corea, China o Rusia convertir a los alimentos en bien público, justamente generó una enorme catástrofe económica y social).
La otra justificación es que se deben democratizar los procesos universitarios, por eso las dos propuestas. Miremos esto. Las sociedades humanas han desarrollado dos maneras de organizarse para atender necesidades colectivas (casi todo lo que hacemos en la vida). Por un lado, la democracia que consiste en trasladar a un grupo con apoyo mayoritario (no de todos necesariamente) el manejo de ciertas funciones claramente delimitadas y controladas. Es el caso de la directiva que maneja el barrio donde vivimos, y obviamente el poder político de una sociedad. La otra, es el mercado, es decir un espacio de interacción donde se intercambian bienes y servicios de muy variada naturaleza, donde a través del propio proceso de intercambio libre se da a la vez la función colectiva (cada uno satisface las necesidades de otros) y la de control (al aceptar o no el intercambio, se está transmitiendo el mensaje de satisfacción o insatisfacción). Ninguno de los dos sistemas es óptimo (cuando se intenta juzgar desde esa óptica, nada se puede juzgar). Pero cada uno es mejor en la función para la cual fue creado.
En la educación el criterio de democratización no tiene sentido, porque debe ser una relación libre entre alguien que ofrece ese servicio y otro que lo debe aceptar o no. Imponer la elección de las autoridades o la forma como se escogen profesores, es un absurdo. Sin embargo, ¿nada puede ni debe hacer la colectividad para mejorar este proceso? Sí. Asegurarse que haya un flujo de información veraz y completo para que el estudiante tome una decisión informada (información tan variada como el nivel profesional de los profesores, investigación o las actividades profesionales que realizan los graduados). Quizás, criterios generales como la formación de los profesores.
Recursos colectivos para la igualdad de oportunidades… ¡nada más!
Fuente: El Universo
