Una papa caliente es, según el diccionario, un “problema grave e incómodo de solución difícil”, y así se ha vuelto el que afecta hoy a Teleamazonas, pues además de los actores directamente involucrados en el asunto como son la propia estación televisora y el Conartel –organismo controlador de las empresas que utilizan medios audiovisuales– tienen que ver –¡y mucho!– tanto el Gobierno cuanto la ciudadanía.
Digo esto porque 1) el Conartel debería demostrar que actúa con criterio propio independiente de las directrices del Gobierno pues se trata de una instancia administrativa que tiene la delicada tarea de analizar y juzgar las actuaciones de uno de los baluartes de la democracia, los medios de comunicación; 2) el Gobierno debería dejar de ejercer presión sobre ese organismo en el que tiene sus representantes porque si el Presidente de la República dice cada vez que puede –y puede muchas veces– que la televisora debe ser sancionada, sus obsecuentes delegados actuarán en consecuencia y se acabó la imparcialidad; 3) como lo que está en juego es la libertad de expresión (pues si esta fenece la democracia es un cadáver), la ciudadanía debería estar muy pendiente de lo que ocurra para –sin alterar el orden público– ejecutar acciones de desobediencia civil que saquen de su ensimismamiento a un gobierno obnubilado (fíjense que no digo ni tiránico ni antidemocrático), a través del mismo argumento que utilizaron pacifistas como Gandhi o Luther King, con raíces “prepolíticas”, para prender luces rojas a quienes ejercían poder.
Como según las noticias que se leen y escuchan en estos días, hay grupos organizados o que tratan de organizarse para protestar por el acoso gubernamental a la televisora cuestionada, entendiendo que lo que está en peligro de desaparecer no solo es ese medio audiovisual sino una de las libertades constitucionales básicas, debo destacar que hay estudiosos que dicen, en relación con la desobediencia civil o la resistencia pacífica, que existen circunstancias en las que el mal social o la injusticia obligan al desobediente o al resistente a ejercer ciertas formas de violencia defensiva, lo cual “hasta el cordero de Dios lo tuvo en cuenta”, enfoque peligroso para la paz social porque puede haber desbordamientos que se pueden evitar si el Gobierno actúa con prudencia.
Tengo la impresión de que los miembros del Conartel son legos en derecho pues ante normas constitucionales expresas que tratan acerca de la libertad de expresión (artículos 11/párrafo 3, 66/párrafos 6 y 7, y 424 de la Constitución de la República), no cabe la aplicación de una ley obsoleta tácitamente derogada por la supremacía de la Ley Fundamental. No se requiere argumentos doctrinarios acerca de la vigencia de la libertad en las democracias, pues con el texto constitucional basta y sobra si vivimos en un Estado de Derecho.
Si yo fuera parte del Gobierno aconsejaría al Presidente que instruya a sus subalternos en el sentido de que actúen con la máxima imparcialidad y sensatez, pues el ciudadano común que piensa y reflexiona –no el fanático que siempre existe– lo que quiere es que la administración pública, en este régimen o en cualquier otro, no se mueva por odios o por venganzas sino por justicia. ¿Será esto posible en nuestra sociedad polarizada que tiene un largo inventario de heridas no cicatrizadas?
El Gobierno y la ciudadanía tienen una papa caliente en sus manos pues ni el uno ni la otra –aunque con perspectivas diferentes– deben permitir que este tema tenga un desenlace arbitrario porque de ello dependerá, en mucho, el futuro del Ecuador, el del régimen y el de los ciudadanos.
Fuente: El Universo
