El incontenible descenso de los índices de apoyo a la Asamblea y al proyecto de nueva Constitución ha comenzado a preocupar seriamente al Gobierno y a sus vocales en el Tribunal Supremo Electoral. Se anuncian sanciones para los encuestadores que incurran en ‘equivocaciones’, es decir, para aquellos que con sus cifras expresen dudas sobre la victoria del sí, y se advierte a los ciudadanos, bajo amenaza de castigo, que la campaña será promovida exclusivamente por los sujetos políticos, es decir, por la denominada partidocracia de viejo y nuevo cuño.
Los gobiernos o candidatos favorecidos en las encuestas tienden siempre a elogiar sus virtudes y precisiones técnicas, mientras que los perdedores satanizan sus métodos y denuncian manipulaciones para influenciar percepciones, bajo la idea de que una opinión presentada como dominante arrastra las opiniones más débiles. Es la teoría de la profecía autocumplida. Las encuestas no constituyen una ciencia exacta y son, por definición, falibles.
En 1948 el célebre encuestador Gallup anticipó el triunfo del republicano Dewey, pero el triunfador fue Truman. En 1990 las encuestas favorecían a Daniel Ortega, pero fue Violeta Chamorro quien ganó las elecciones presidenciales en Nicaragua. Las encuestas reflejan siempre un momento coyuntural y fugaz, como una instantánea que retrata algo que hoy existe y que mañana puede desaparecer. Por ello no son predicciones ni vaticinios, sino herramientas útiles que actúan como retroalimentación y contrapeso a ciertas verdades oficiales.
¿Puede un Gobierno sancionar, entonces, las equivocaciones? De ninguna manera. Como en la información de prensa, solo el público puede juzgar la veracidad o credibilidad de unas encuestas. No es coincidencia que los sondeos de opinión florezcan en aquellos sistemas democráticos que consagran los derechos individuales. Los sistemas totalitarios prefieren las estadísticas oficiales.
No solo los encuestadores que ‘favorezcan’ el no serán sancionados. Todo ciudadano que actúe en la campaña sin el paraguas de un partido o movimiento político será castigado. La maniobra no puede ser más clara. Se pretende asociar el no a la denominada partidocracia y así favorecer la causa oficial. Los vocales del TSE explicarán que las normas electorales son claras y señalan que los partidos o movimientos políticos inscritos son los únicos autorizados para realizar actividades de campaña. Son las mismas normas que los vocales del TSE no aplican al Gobierno y a sus aliados en su temprana campaña por el sí.
Con estas reglas de juego, el Gobierno aplastará la voz de ciudadanos y organizaciones sociales que puedan oponerse al pensamiento oficial. Será muy fácil resucitar los fantasmas del pasado, Congreso y partidocracia, y no debatir los endebles y dudosos contenidos de la nueva Constitución. Adicionalmente, las amenazas vertidas a los encuestadores tratarán de ocultar la frustración que la Asamblea ha generado y evitar un posible efecto demostrativo que podría sepultar el proyecto político del régimen.
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