La confiscación será el mecanismo para acabar con la propiedad privada, dando un viso de “ataque a la corrupción”.
La admiración del presidente Correa, y muchos de sus obedientes funcionarios, por el sistema político implantado en Cuba es cada día más evidente. “Por sus obras los conoceréis”, dice un pasaje bíblico. La propiedad privada en la isla caribeña no existe. En Ecuador se busca, con el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, preparado en la Fiscalía General del Estado, dar un paso para convertir a los bienes privados en públicos, basta que una persona hubiere “proveído de información fundamentada” a un juez, respecto de bienes de un ciudadano, para iniciársele la acción de extinción de dominio, y así perder sus cosas. En contraprestació n al denunciante se le “asignará una retribución de hasta el 5% del avalúo comercial de los bienes” del denunciado.
Esta novísima ley, que el Fiscal desea la expida la Asamblea Constituyente , “tiene por objeto investigar, procesar y declarar la extinción de dominio a favor del Estado de los bienes de procedencia, uso o destino ilícitos”. Busca, coloquialmente hablando, que el propietario de muebles e inmuebles los pierda si estos hubieran sido adquiridos con dinero non santo. Hasta ahí parecería correcto, pero la barbaridad es que para iniciar esta acción judicial no es necesario de sentencia condenatoria previa contra el propietario de los bienes.
Más grave es que si un juez absuelve al titular de los bienes y lo declara sin culpa en un proceso del tipo que fuere, la acción de extinción de dominio continúa, y a un inocente se le puede despojar de sus propiedades, gracias a esta ley. ¡Eso es confiscación!
De sancionarse esta ley el derecho de propiedad privada se lo deja en la incertidumbre, puesto que ningún habitante tendrá seguridad jurídica al adquirir un bien, puesto que la acción de extinción de dominio se puede iniciar, con la consecuente e irreversible confiscación de activos, por cualquier delito que atente contra “la salud pública, el orden público, el orden económico, el orden financiero, monetario y tributario, el medio ambiente, el patrimonio público, la defensa nacional, los poderes del Estado y el orden constitucional, la seguridad pública, la libertad personal, la libertad sexual y la administració n pública”. En palabras morochas, por cualquier delito previsto en el Código Penal.
Pero esta joya tiene otras perlas: el denunciado tendrá que probar su inocencia, cuando en todo sistema jurídico se debe demostrar la culpabilidad. Y, además, se establece que “la sentencia tendrá efecto erga omnes”, es decir, es obligatoria para todos, aun cuando no hayan intervenido en el proceso.
Como este Gobierno ha puesto en vigencia la no vigencia de la Constitución, la confiscación será el mecanismo para acabar con la propiedad privada, dando un viso de ataque a la corrupción, por lo que en adelante las autoridades podrían abusar del derecho que les otorgaría esta futura ley, para aniquilar a sus contrincantes y a todos aquellos que no coinciden con un proyecto político que acaba con la propiedad privada. El Ministro Fiscal será quien decidirá el destino de los habitantes de esta comarca. Será el dios terrenal, a quien nadie contradecirá por ser infalible.
Fuente: El Comercio
