Por: M. Gerardo Apolo
La eliminación de la tercerización y de la intermediación es casi un hecho, por lo que es necesario hacer el siguiente análisis. La tercerización de servicios e intermediación de personal, surgieron como la alternativa para contrarrestar los efectos económicos negativos acarreados para el Estado, en particular y para el sector empresarial, en general, gracias a los excesos incurridos por el sindicalismo, el cual llevó casi a la quiebra a instituciones del sector público tales como Ietel, hoy Pacifictel y, o Andinatel; Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Empresa Eléctrica, etc., y en el sector privado, a empresas tales como Coca Cola, Durex, etc.
Estos excesos del sindicalismo, acompañados de políticas demagógicas proteccionistas, tales como estabilidad de dos años, otorgada graciosamente mediante decreto, por los gobiernos de aquellas épocas, generaron el cierre de empresas con la consecuente reducción de plazas de trabajo, por lo que se vio el Gobierno forzado a flexibilizar la legislación laboral, primero con la maquila, posteriormente, con las denominadas Leyes Troles, el surgimiento de la contratación por horas o jornadas parciales, para terminar con la implementación de la tercerización e intermediación como vías alternativas de generación de empleo y de escudo protector de los empresarios, frente a los excesos del sindicalismo.
Es verdad que las tercerizadoras e intermediadoras en un primer instante de sus actividades cometieron excesos, como fue la rotación del personal en varias filiales, mediante la contratación bajo la modalidad de contratos eventuales y a plazo fijo, con lo cual eludieron el pago, en primera instancia, del fondo de reserva, el cual se generaba, únicamente, luego de transcurrido el primer año de labores por parte del trabajador; pero esa falencia fue corregida, al reformar la norma, estableciendo el derecho a percibir el fondo de reserva desde el primer día de labores.
Se ha manifestado que los trabajadores intermediados no tienen los derechos de los trabajadores en general, falso, puesto que a dichos trabajadores les asisten los mismos derechos que a los trabajadores en general, esto es, el de ser afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde el primer día de trabajo, el derecho a la sindicalización y contratación colectiva, el derecho a percibir utilidades, etc.
Las consecuencias de la eliminación de la tercerización serán las siguientes: desempleo, puesto que los empresarios que tienen la obligación de generar ganancias para sus empresas, para asegurar a sus accionistas las mismas, reducirán el número de trabajadores, y los que queden trabajando deberán realizar más tareas, con lo cual el resultado será, desocupación y sobre explotación del recurso laboral; otra posibilidad es, reemplazar la mano de obra, por maquinaria, que no hace huelgas, no tiene vacaciones, no horas suplementarias, ni exige prebendas colectivas; la otra alternativa es trasladar la empresa al norte peruano, donde se ofrecen incentivos tributarios, además de la ventaja que Perú celebró el TLC con los Estados Unidos de Norteamérica.
Encasillar a la prestación de servicios como intermediación, para que los prestadores del servicio perciban también utilidades de la empresa beneficiaria, producirá que estas sean mínimas, o no se generen.
Por último, el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades de los comparecientes, no una imposición del Ejecutivo. Lastimosamente, el pueblo no ha caído en cuenta, que la demagogia del Gobierno no pone pan en la mesa y que eliminando la tercerización, intermediación y contrato por horas, pasarán de trabajadores, a engrosar las filas de la mendicidad como beneficiarios del bono de desarrollo humano.
Fuente: Diario Expreso
