La intensión de eliminar el Impuesto a los Consumos Especiales a las llamadas telefónicas constituye una grave amenaza a la calidad de vida de los ecuatorianos más pobres. Este impuesto fue establecido por el Congreso en 1992 al aprobar la Ley Especial de impuesto a los servicios telefónicos y radioeléctricos, la cual tenía el propósito de proporcionar recursos al deporte y a los servicios de agua potable de todos los cantones del país, fijando un gravámen del 15% a las llamadas telefónicas, fijas y móviles, distribuyendo el 5% para el deporte y 10% para construcción de nuevas redes de agua potable.
Posteriormente, en el año 2002, le dio otra figura a éste impuesto, catalogándolo como Impuesto a Consumos Especiales, pero sin cambiar su porcentaje, objetivo y sistema de distribución.
Si tomamos el ejemplo de Guayaquil, éste impuesto que se pretende suprimir representa para Ecapag un ingreso de 30 millones de dólares al año y significa una parte importante de los ingresos totales de la concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado. A lo largo de los seis años que Interagua viene operando dichos servicios han logrado cumplir metas importantes y entre ellas está la eficiencia en el cobro a los usuarios, lo cual le permite tener un ingreso anual de aproximadamente 50 millones de dólares por concepto de facturación.
Es decir que en el caso de Guayaquil, ciudad en donde sus servicios básicos están manejados por una empresa privada eficiente, en sus ingresos totales, el 60% corresponde a facturación, y el 40% corresponden al Impuesto a las llamadas telefónicas.
En el caso de los cantones pequeños del país cuya eficiencia en el cobro a los usuarios es prácticamente nula, los ingresos derivados del ICE deben significar entre el 80 y el 90% de los ingresos totales dedicados a la construcción de nuevas redes de agua potable.
Para tener una idea más precisa del perjuicio que para Guayaquil causaría ésta equivocada decisión, es importante anotar que si consideramos que la instalación de una nueva red de agua potable tiene un costo promedio de 800 dólares por cada conexión domiciliaria, y que de acuerdo a lo establecido en el contrato de concesión, esos ingresos por telefonía dben ser utilizados en la expansión de los servicios en los barrios marginales de la ciudad, la disminución de 30 millones de dólares al año representaría que anualmente 37500 familias pobres se verían privadas de tener el servicio vital de agua por redes.
La Isla Trinitaria que cuenta hoy con un excelente servicio de distribución de agua potable posee alrededor de 25 000 familias, por lo cual la disminución de 37 500 nuevas conexiones al año, significaría que una población equivalente a una Isla Trinitaria y media, no podrían anualmente acceder al servicio de agua.
Y si esto lo multiplicamos por los más de 200 cantones que existen en el Ecuador, las comunidades más pobres del país verán frustrados sus anhelos de mejorar su calidad de vida ante al imposibilidad de que, por falta de recursos, sus respectivos municipios no puedan proporcionarles los servicios básicos vitales.
Rodrigo Andrade Rodríguez, Guayaquil
Fuente: Cartas al Director, El Universo 2007-12-25
