Alberto Acosta: “no es obligación garantizar ningún tipo de monopolios en la futura Constitución”.
Han sido días largos. Desde el famoso “¿Porqué no te callas?” de Juan Carlos De Borbón, se suceden las noticias unas tras otras. Que si el gobernador Samán, hoy Jefe del Directorio de la CTG, ordena abrir al tránsito pesado e interprovincial el puente Rafael Mendoza Avilés; que si la operación de la Asamblea tendrá un costo de $ 25 millones de dólares (sumados a los ya 200 millones gastados en campaña y en la construcción del palacio para los políticos en Montecristi); que si el presidente opina que está bien gravar la educación privada, porque “los padres mandan a sus hijas a escuelas privadas sólo para conseguir marido” (cita no textual, porque el presidente usó lenguaje más folclórico); que si Correa aboga porque la OPEP no utilice dólares para la cotización del barril de petróleo (y así debilitar al dólar, parte de su plan de desdolarizar la economía), y un largo etcétera más. En medio de todo eso, otro ataque más a una institución guayaquileña que no ha hecho más que suplir las carencias y falta de atención histórica del gobierno central en materia de salud principalmente, y cuidado de los viejos y desposeídos, particularmente.
Estoy completamente de acuerdo con el Sr. Acosta, futuro Presidente de la Asamblea Nacional. No a los monopolios, menos aún esos que se garantizan en la Constitución. Que nuestra próxima Constitución sea una de marcado tinte liberal: que se garantice que quienes presten los servicios sean los más capacitados para hacerlo, no los monopolios estatales. Que se garantice que ya no hallan monopolios en: Telecomunicaciones, pasando a manos privadas las telefónicas estatales Andinatel, Pacifictel y Alegro; en Pensiones y Seguros de Salud, quitándole el privilegio el ineficiente IESS en el manejo de nuestros fondos de retiro y nuestros seguros de salud, que seamos los afiliados los que elijamos dónde queremos invertir nuestras pensiones; no a los monopolios en Educación: que se les entregue un bono a la gente pobre, el equivalente de lo que cuesta la educación de sus hijos en los malos colegios y escuelas del Ministerio de Educación, para que puedan ellos elegir dónde educan a sus hijos; no al monopolio garantizado del muy ineficiente Petroecuador: que sean compañías eficientes e idóneas, que reviertan en impuestos justos lo que se obtiene de la explotación del petróleo ecuatoriano, y que no vayan éstos fondos a parar a los sacos sin fondo de los sindicatos de la petrolera estatal y sus exageradas prebendas…
Pero no, a todas luces lo que el gobierno quiere consagrar en la nueva constitución es que los únicos monopolios que existan sean los estatales.
Aún más negros tiempos se nos vienen encima.
