La Alharaca

Pedro X.Valverde Rivera

Participé en un foro que contó con la presencia de Yon Goicoechea y Gustavo Tovar, líderes del movimiento estudiantil venezolano que en diciembre del 2007 propinó por primera, vez en mucho tiempo, la primera derrota electoral del presidente Hugo Chávez.

Para serles franco, me quedé gratamente sorprendido de la espontaneidad de Yon, un joven de 23 años, que maneja con fluidez conceptos filosóficos o políticos y que ha vivido en carne propia la opresión, el discrimen y la persecución de un régimen autoritario.

Me llamó mucho la atención, además, la coherencia de sus ideas y cómo, a pesar de haberse convertido en una estrella mediática, gracias a la “cariñosa” campaña de descrédito por parte del régimen venezolano, aún sigue “pisando tierra”.

Lo digo porque cuando alguien le preguntó sobre sus aspiraciones políticas inmediatas, dijo que no se sentía preparado para ser alcalde o presidente y que por políticos con ese nivel de improvisación en la función pública es que él había decidido hacer algo por Venezuela.

Ojalá algunos otrora “tirapiedras” o “pasapapeles” o “presentadoras estrellas” hubieren tenido la humildad y responsabilidad de reconocer sus limitaciones intelectuales y falta de experiencia para el desempeño de importantes funciones del Estado.

Claro, la ambición de estas “personalidades” no les permitió hacer el análisis que hizo este joven estudiante, seguramente porque todavía los ecuatorianos no sentimos en carne propia, como los venezolanos, la agonía de la falta de democracia y la tragedia del irrespeto de los derechos humanos fundamentales en una sociedad.

De toda esta experiencia me quedó retumbando en la mente una idea central que pretendo compartir en esta ocasión:

La categoría de demócrata de un gobernante no está dada exclusivamente por el origen democrático de su designación, sino además, por las ejecutorias democráticas en el desempeño del cargo.

1.- ¿Existe duda alguna del origen democrático y legítimo, por lo tanto, de la designación de Rafael Correa como presidente de los ecuatorianos?

A mí no, ni a nadie creo yo; fue elegido democráticamente por quienes, como yo, creímos en su discurso de cambio, de relevo generacional, de manos limpias y corazones ardientes.

Ahora bien, pasemos a la segunda fase de esta prueba de democracia:
2.- ¿Las ejecutorias de Rafael Correa en el ejercicio del poder han sido democráticas?

¿Ha respetado las reglas democráticas en el ejercicio del poder? Es decir, ¿ha respetado la Constitución Política del Ecuador y, en consecuencia, los derechos fundamentales consagrados en esta y en las leyes expedidas en concordancia con la Carta Magna?

En lo principal, ¿ha respetado la independencia de los poderes del Estado y, en consecuencia, la no injerencia de unos poderes en otros?

¿Se ha mantenido distante y respetuoso de la independencia de los organismos de control del Estado? ¿Ha respetado el derecho constitucional a la seguridad jurídica, observando las leyes y exigiendo su cumplimiento, tanto a opositores como a allegados o afines políticos?

Saque sus propias conclusiones, amigo lector.

La democracia no se defiende desde una tarima; se la vive y practica cada segundo de nuestras vidas, y de nuestras ejecutorias se desprende si somos o no demócratas. El resto es puro cuento.

Fuente: eluniverso.com

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Estos no son más que unos grandes hurtos:

“Ecuador rechazó la oferta de Porta y asumirá operaciones
QUITO | REDACCIÓN-REUTERS

Fin de concesión.

El Conatel anunció mediante un boletín de prensa que se garantiza la continuidad del servicio al usuario por el Estado.”
Y ésta otra perla consecuencia de la Patria Altiva I Soberana:

“Aurelian suspende operaciones por el mandato minero

La sede en Canadá informó sobre la suspensión de 360 trabajadores en los dos países.

En Montreal, el grupo aurífero canadiense Aurelian anunció el pasaje a desempleo técnico de 360 personas en Ecuador y Canadá, consecuencia, según sostiene, de una exigencia de la Asamblea, que lo obliga a reducir sus actividades en ese país, publicó ayer la agencia AFP.”

Personalmente, no veo ninguna diferencia entre lo que el gobierno hace con Porta y Aurelian (entre otras) lo que hizo Hugo Chávez con la negativa de renovación de concesión a RCTV. Es lo mismo, aplican exceso de poder a compañías que no se les someten. En cuanto al malhadado “Mandato Minero”, va por el mismo camino, se les quitan (roban) concesiones legalmente aplicadas a compañías que ya habían invertido ($$$) para dejarlas en el aire. ¿El objetivo? En ambos casos poner en su lugar compañías del estado (con todo lo eficientes e incorruptas que éstas han demostrado ser a lo largo de la historia). Se pierden trabajos, se pierden negocios, se pierde la confianza internacional en el país, se espanta inversión nacional y extranjera; pero la mentalidad tercermundista defenderá a capa y espada que se mantuvo la “soberanía”. De nada sirve la soberanía cuando las riquezas no se explotan para el real bien de todos y no sólo de unos cuantos sabidos bien conectados y relacionados con el gobierno.

¿Es ésto ético y correcto? El gobierno del cambio y la revolución ha demostrado hasta la saciedad que sufre de los mismos vicios, corregidos y aumentados, que los de la ‘partidocracia’.

Samán ejerce 2 cargos y gana más que Correa

Por sus funciones asumidas en febrero del año pasado en la empresa telefónica, Samán enfrenta cuestionamientos. Cinco expertos en Derecho Societario explican que legalmente está impedido para ejercer como administrador de Pacifictel, pues la Ley de Compañías, el Código de Comercio y el Código Penal prohíben que esta actividad la desempeñe un funcionario público.

Y también hay los olvidos convenientes y los ‘errores administrativos’:
Vinicio Alvarado sigue como socio de Percrea
QUITO
Esto se debe a ciertos errores legales en los trámites societarios de la compañía.

Sin embargo, en el Registro Mercantil de Guayaquil, según un certificado del 28 de enero del 2008, aún aparece como tal, con 59.375 participaciones, de un total de 127.000, es decir, con el 46,75%

Por Alvaro Vargas Llosa
El Instituto Independiente

Washington, DC—En la década de 1830, Richard Cobden y John Bright impulsaron en el Reino Unido una campaña en contra de las leyes proteccionistas que mantenían los precios de los alimentos por las nubes. Tras soportar calumnias durante varios años, en 1846 convencieron al gobierno para que derogara las infames Leyes del Maíz, una medida que gatilló un largo periodo de prosperidad. He pensado intensamente en estos héroes del siglo 19, últimamente. El mundo necesita una nueva Liga Contra la Ley del Maíz, el movimiento que ellos fundaron, si quiere poner freno a la demencial disparada de los precios de los alimentos y salvar a millones de personas, desde Haití hasta Bangladesh y desde Camerún hasta las Filipinas.

El precio de la comida venía subiendo a paso firme en los últimos tres años, pero las cosas hicieron crisis este año. El precio del arroz aumentó 141 por ciento desde enero y el precio del trigo casi se duplicó en un año. En un mundo en el que los pobres gastan tres cuartas partes de su presupuesto en alimentos, eso equivale, en potencia, a un drama de vida o muerte para los mil millones de seres humanos que viven con $1 dólar al día.

Cuando el precio de algo se dispara, puede inferirse que la oferta no marcha a la par de la demanda. En las últimas semanas, muchos se han concentrado en las causas del aumento de la demanda de alimentos. Todas ellas —desde la creciente prosperidad de la China y la India hasta la explosión de los biocombustibles producidos en base a granos en las naciones ricas— suenan plausibles. Menos atención se le ha prestado a por qué, en la era de la globalización —en la que el comercio traslada velozmente las cosas de un lugar a otro— y de la biotecnología —que crea nuevas semillas y potencia el rendimiento de las que ya existen— la oferta de alimentos no está satisfaciendo la demanda.

Muchos gobiernos, organismos multilaterales, ONGs y “expertos” han evitado responder a esta pregunta básica. Por ello, están postulando soluciones que agravarán el problema o, en el mejor de los casos, constituyen un paliativo de corto plazo. La verdadera solución consiste en remover las causas de la escasez. Esas causas tienen poco que ver con la economía o la demografía y todo que ver con la política: tanto la de los Estados como la de aquellos que utilizan a los Estados para atender sus intereses.

Pocas áreas de la economía están más atiborradas de leyes proteccionistas que la agricultura, lo mismo en los países ricos que en los pobres. Una panoplia de cuotas, subsidios, aranceles y prohibiciones diseñadas para obtener votos y sobornos ha desalentado el ansiado incremento en la producción de alimentos. En una situación de libre mercado, la más mínima señal de que los precios estaban subiendo hubiese bastado para garantizar que una gran masa de capital fuese invertido en la agricultura alimenticia. En el caos actual, no sorprende que los inversores no estén apostando a la producción de alimentos: a los agricultores europeos se les paga para que mantengan sus tierras sin cultivar gracias a un esquema denominado la Política Agraria Común; a los agricultores argentinos se les está exigiendo que entreguen el 75 por ciento de sus ganancias mediante diversos impuestos; los agricultores estadounidenses están más interesados en alimentar a las camionetas que a la gente debido a que el Congreso estadounidense ha ordenado quintuplicar el uso de biocombustibles; por último, los agricultores africanos no están experimentando con cultivos genéticamente modificados porque están prohibidos en muchos de los países a los que podrían exportarse.

En un reciente artículo, el economista británico y entendido en asuntos africanos Paul Collier escribió que “el camino más realista es el de replicar el modelo brasileño de agroempresas grandes y tecnológicamente sofisticadas que abastezcan al mercado mundial…para contener el aumento en los precios de los alimentos necesitamos más globalización, no menos.”

Yo agregaría que los pequeños agricultores de los países atrasados se agruparían y crearían economías de escala si no fuesen agredidos por leyes locales diseñadas para proteger a los consumidores y por leyes internacionales diseñadas para proteger a los productores…o si a los campesinos chinos, por ejemplo, se les permitiese ser plenos dueños de su tierra.

Según la revista The Economist, de los 58 países cuya reacción a la crisis ha sido investigada por el Banco Mundial, 48 han impuesto controles de precios, subsidios al consumo y restricciones a las exportaciones. Un problema que fue originado por el proteccionismo ha suscitado, pues, una respuesta perfectamente proteccionista. Un siglo y medio después de que Cobden y Bright derrotasen al proteccionismo en Gran Bretaña, sus ideas son más poderosas y actuales que nunca.

Alvaro Vargas Llosa es director del Centro Para la Prosperidad Global en el Independent Institute y autor de “Rumbo a la Libertad”

(c) 2008, The Washington Post Writers Group

Por: Manuel Chiriboga V.

La economía ecuatoriana tiene un problema estructural de empleo. A diciembre del 2007 apenas el 35,2% de los ocupados tenía un empleo pleno, el 59,8% estaba subempleado, recibía remuneraciones por debajo de lo legalmente establecido o trabajaba menos horas que la jornada laboral completa. El porcentaje de población subempleada se ha mantenido relativamente estable desde el año 2000, al tiempo que se observa un leve crecimiento de los empleados estables y un decrecimiento de los desempleados. Lo cierto es que la inmensa mayoría de pobres, es decir quienes tienen ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas, no tienen empleo estable.

Recuerdo estas cifras cuando se propone terminar con la tercerización, la intermediación laboral y el trabajo por horas en la Asamblea Constituyente o limitarlas considerablemente. Las motivaciones tienen que ver con asegurar la plena vigencia de los derechos laborales y de principios universales sobre temas laborales, como los de la OIT. Tal vez la pregunta que habría que hacerse es: ¿cómo pueden afectar estos cambios a la situación de empleo de los ecuatorianos? La información que he podido recopilar señala que ese impacto puede ser de dos tipos, uno en el corto plazo y otro, quizás más preocupante, en el mediano y largo plazo. En el corto plazo, las empresas ajustarán su rol de pagos al flujo previsto para este año y las expectativas económicas que tienen. Esto puede implicar despidos, de los cuales, ya hay algunos casos. En el largo plazo, sin embargo, estos cambios incentivarán a las empresas a optar por tecnologías menos intensivas en mano de obra. Esto último implica que incluso en condiciones de dinamización económica, las empresas contratarán menos trabajadores.

Esto es preocupante si se considera que en general, las empresas ecuatorianas, al menos en el sector agropecuario, emplean muchos más trabajadores por unidad de superficie, que en muchos países de la región. Por ejemplo, a inicios de la década Ecuador empleaba 84 jornales por hectárea de caña de azúcar y 63,6 jornales por hectárea de arroz, mientras que Colombia utilizaba 28,1 y 20,3 jornales por hectárea, respectivamente. Adicionalmente deben considerarse los temas de estacionalidad e imprevisibilidad de la actividad económica en sectores como el agropecuario y pesquero. Si modificaciones en las normas incentivan un cambio en la relación capital-trabajo en las empresas, esto repercutirá en la generación de empleo, más allá de los problemas de corto plazo que pudiese haber.

¿Es que esto implica que no se debe hacer nada sobre este tipo de contratos laborales para asegurar que se cumplan las normas y derechos laborales? Claro que no, más aún si se consideran los muchos abusos que algunas empresas que hacen esta actividad, realizan. Esto implica obviamente mejorar sustancialmente la regulación sobre este tipo de contratos y la supervisión gubernamental. No implica, sin embargo, eliminarlas. Incluso se pueden buscar modalidades como las agencias de empleo que pueden cumplir funciones complementarias.

Decía, y siempre lo recuerdo, Álvaro Padrón, un dirigente de la Convención Nacional del Trabajo, organización sindical uruguaya, que en los nuevos tiempos hay que distinguir entre desregulación y flexibilidad laboral. Argumentaba que no hay que oponerse a la flexibilización laboral, para adecuarse a las nuevas condiciones del trabajo en estos tiempos de globalización y a las necesidades de empleo que tienen nuestros países; a lo que hay que oponerse es a la desregulación. Aún más, hay que asegurarse que mejore la regulación laboral.

Fuente: El Universo

Derechos Reservados 2004 C.A. El Universo.
Todos los Derechos Reservados.

Por: Abelardo Pachano

El mundo está atravesando por algunos problemas que determinan un intrincado sistema de repercusiones múltiples de variada magnitud. Energía, alimentos, bienes raíces, sistema financiero y gasto público se han combinado de una forma tal que están chocando de diversa manera y con distinta intensidad en las disímiles economías tanto desarrolladas como emergentes.

Ya no hay una segmentación de beneficiarias y perjudicadas que siga la conocida estructura histórica, en la cual por lo general los países del hemisferio norte casi siempre tenían mecanismos de defensa que los inmunizaba de los daños y transmitía sus efectos a los del otro hemisferio. Ahora, comparten los beneficios algunos del sur con pocos del norte. Incluso regiones como África tienen frente a sí una oportunidad de conseguir amplios y sostenidos beneficios como nunca antes lo habían visto.

Sin embargo, al interior de cada país, beneficiado o con problemas la distribución de la riqueza o de los costos no es proporcional o equitativa.

Así lo sienten los ecuatorianos a pesar de la abundancia de recursos que recibe y tiene el Gobierno como producto de la enorme afluencia de dólares provenientes de la exportación petrolera. Solo miremos cómo el presupuesto ajustado con la eliminación de los fondos petroleros ya representa el 34% del PIB, porcentaje récord en la historia nacional.

El Ecuador es precisamente uno de los ganadores en la nueva confluencia de precios de los bienes que se transan en los mercados internacionales, pero el 46% de la población nacional siente que su situación económica es peor que hace un año y sustentan su apreciación en la pérdida de los dos pilares de la política económica: estabilidad de ingresos y empleo. El aumento del costo de la vida ha creado un rictus en el semblante de la mayoría de ciudadanos. Cada día su ingreso real vale menos y esto ya no ocurría en el país.

Por lo menos al nivel actual no se veía una inflación anual del 6,6% desde octubre del 2003. Así lo dicen los encuestados por Informe Confidencial que responden poniendo a este problema como el de su mayor preocupación, opinión que también recoge la investigación de Santiago Pérez, consultor del gobierno.

Y no les falta razón porque el aumento de los precios de los tres primeros meses del año es tan fuerte que la tendencia la puede colocar cerca o en dos dígitos para fin de año, con las repercusiones que podemos imaginar.

El desempleo es el otro dolor de cabeza de las familias nacionales. El 69% de los encuestados considera que el empleo disminuyó en el último año, lo cual confirma la existencia de un débil proceso de inversión nacional que no ofrece nuevas oportunidades de trabajo, a pesar de lo cual se discute un Mandato que creará sin duda alguna mayores resistencias a la viabilidad de muchas actividades nacionales.

El irrespeto al principio de un trato justo y equilibrado entre trabajadores, empresarios y Estado está creando las condiciones de destrucción de bienestar, pues no existen incentivos que exploten las virtualidades de un sistema de mercado competitivo. La inversión es un fantasma, mientras solo se ve inflación sin crecimiento como dos nubes negras cargadas en el horizonte que además no tienen atención pública.

Fuente: El Comercio
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Por: M. Gerardo Apolo
La eliminación de la tercerización y de la intermediación es casi un hecho, por lo que es necesario hacer el siguiente análisis. La tercerización de servicios e intermediación de personal, surgieron como la alternativa para contrarrestar los efectos económicos negativos acarreados para el Estado, en particular y para el sector empresarial, en general, gracias a los excesos incurridos por el sindicalismo, el cual llevó casi a la quiebra a instituciones del sector público tales como Ietel, hoy Pacifictel y, o Andinatel; Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Empresa Eléctrica, etc., y en el sector privado, a empresas tales como Coca Cola, Durex, etc.

Estos excesos del sindicalismo, acompañados de políticas demagógicas proteccionistas, tales como estabilidad de dos años, otorgada graciosamente mediante decreto, por los gobiernos de aquellas épocas, generaron el cierre de empresas con la consecuente reducción de plazas de trabajo, por lo que se vio el Gobierno forzado a flexibilizar la legislación laboral, primero con la maquila, posteriormente, con las denominadas Leyes Troles, el surgimiento de la contratación por horas o jornadas parciales, para terminar con la implementación de la tercerización e intermediación como vías alternativas de generación de empleo y de escudo protector de los empresarios, frente a los excesos del sindicalismo.

Es verdad que las tercerizadoras e intermediadoras en un primer instante de sus actividades cometieron excesos, como fue la rotación del personal en varias filiales, mediante la contratación bajo la modalidad de contratos eventuales y a plazo fijo, con lo cual eludieron el pago, en primera instancia, del fondo de reserva, el cual se generaba, únicamente, luego de transcurrido el primer año de labores por parte del trabajador; pero esa falencia fue corregida, al reformar la norma, estableciendo el derecho a percibir el fondo de reserva desde el primer día de labores.

Se ha manifestado que los trabajadores intermediados no tienen los derechos de los trabajadores en general, falso, puesto que a dichos trabajadores les asisten los mismos derechos que a los trabajadores en general, esto es, el de ser afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde el primer día de trabajo, el derecho a la sindicalización y contratación colectiva, el derecho a percibir utilidades, etc.

Las consecuencias de la eliminación de la tercerización serán las siguientes: desempleo, puesto que los empresarios que tienen la obligación de generar ganancias para sus empresas, para asegurar a sus accionistas las mismas, reducirán el número de trabajadores, y los que queden trabajando deberán realizar más tareas, con lo cual el resultado será, desocupación y sobre explotación del recurso laboral; otra posibilidad es, reemplazar la mano de obra, por maquinaria, que no hace huelgas, no tiene vacaciones, no horas suplementarias, ni exige prebendas colectivas; la otra alternativa es trasladar la empresa al norte peruano, donde se ofrecen incentivos tributarios, además de la ventaja que Perú celebró el TLC con los Estados Unidos de Norteamérica.

Encasillar a la prestación de servicios como intermediación, para que los prestadores del servicio perciban también utilidades de la empresa beneficiaria, producirá que estas sean mínimas, o no se generen.

Por último, el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades de los comparecientes, no una imposición del Ejecutivo. Lastimosamente, el pueblo no ha caído en cuenta, que la demagogia del Gobierno no pone pan en la mesa y que eliminando la tercerización, intermediación y contrato por horas, pasarán de trabajadores, a engrosar las filas de la mendicidad como beneficiarios del bono de desarrollo humano.

Fuente: Diario Expreso

Tengo ya algo más de dos meses leyendo el blog cubano “Generación Y”. Yoani Sánchez es una mujer súper valiente (de hecho, mucho más que yo) que escribe clara y descarnadamente acerca de la situación en Cuba, y con su propio nombre y apellido. Todos sus posts son excelentes, no en vano se ganó recientemente el premio Ortega y Gasset, pero éste en particular me conmovió. El hecho de que los cubanos no puedan escapar, ni aún teniendo los medios, de su propia realidad, es inaudito. Son presos con sentencia de por vida en su isla. Los dejo con el post.

Por: Yoani Sánchez

Estoy haciendo una nueva carrera universitaria. No está relacionada con alguna especialidad, pero podré obtener un diploma de “licenciada en sortear la burocracia”. Los temas de estudio son los trámites y papeles para viajar fuera de Cuba y, las asignaturas, llevan una buena dosis de paciencia, mansedumbre e incógnita. A este curso intensivo en “papeleo” no he llegado en cero, sino que arrastro una década ejercitándome en el fragor de la tramitología. Hay que agregar los múltiples estrellones contra los funcionarios y una lenta resignación ante el tufillo de las oficinas.

La experiencia de hablar con burócratas –para los que siempre falta algún documento, un cuño o una firma- me permitirá agenciarme la máxima calificación en algunas materias. No obstante, tendré que superar cierta predisposición al arrebato, una furia inconveniente cuando me dicen “su papel no ha llegado a tiempo” o “eso tienen que aprobarlo más arriba”.

El resultado final de este ejercicio será una pequeña tarjeta blanca donde se me autoriza a salir de Cuba para recoger el premio Ortega y Gasset. Insisto que no se trata de “viajar”, ya que ningún cubano usa ese verbo para la acción de ir al extranjero. Nosotros saltamos, cruzamos, salimos o nos vamos; pero viajar es demasiado poco cuando de brincar la insularidad se trata. Incluso, la ansiada autorización que necesito es conocida como “permiso de salida” y lleva en sí el sonido de cerrojos que se abren.

No sé si sirvan de mucho las horas acumuladas en las colas, las certificaciones de nacimiento legalizadas, el hábito de llevar hasta los documentos que no hacen falta -como la tarjeta de vacunación o el último recibo de la electricidad-. No sé, pero intuyo, que la respuesta a mi solicitud de viaje ya está tomada y espera por mí en una gaveta. Nada de lo que haga podrá evitar que la llave abra o cierre la puerta.

Mientras, llego a creerme que “salir” es posible.

Fuente: Generación Y